Lo llaman el desaparecido 30.001. Fue víctima de la represión y la tortura de la última dictadura. Su testimonio fue clave en el juicio que oficializó como Genocida al represor Miguel Etchecolatz. Sigue desaparecido desde hace 18 días.

Nos Solidarizamos en la búsqueda de a Jorge Julio López, el albañil de 77 años que declaró contra Miguel Etchecolatz como víctima y principal testigo de la causa que finalmente condenó al represor por los crímenes cometidos durante la ultima dictadura militar.

Jorge Julio López  sigue desaparecido desde el lunes 18 de septiembre. El hombre debía presentarse esa mañana para los alegatos del juicio contra el ex jefe policial, pero sus familiares declararon que cuando se despertaron ya no estaba en su casa y que desconocían su paradero.

El jueves pasado, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró que López no es un "desaparecido típico". Para justificar sus dichos, explicó que el albañil tiene familiares policías y que su domicilio está en un barrio habitado mayormente por miembros de fuerzas de seguridad.

Sus palabras fueron fuertemente repudiadas por distintos sectores políticos y sociales. Hay quienes argumentan que esa declaración utiliza la misma lógica que los organismos de Derechos Humanos condenan: la justificación de crímenes. Sin embargo, otras posturas vinculan sus expresiones a la utilización de esta desaparición como inspiradora de miedo. Estas miradas sobre el mismo asunto no parecen contradictorias, sino complementarias, salvo que se interprete que esta herramienta para infundar terror sea un plan que incluye a López como participante y no como víctima.

Estela de Carlotto no descartó la posibilidad de que el albañil estuviera “guardado o protegido y ojalá esto tenga un resultado feliz" aunque aclaró que no le parece correcto catalogar a las víctimas por el uniforme que lleven.

Más allá de las conjeturas, el hecho es que Jorge López sigue desaparecido y el esclarecimiento de este caso es necesario sea cual fuera el trasfondo de la cuestión.

El último sábado, la campaña para encontrar al testigo desaparecido tuvo una instancia sin precedentes cuando unos 25 millones de personas comenzaron a recibir mensajes de texto en sus teléfonos móviles de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en los que llama a colaborar en la búsqueda: “Todos buscamos a Jorge López, si sabes algo llama al 911”, dice el mensaje. Se  estableció una recompensa de 200.000 pesos a quien aporte datos.

La titular del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos de la organización humanitaria Justicia Ya de La Plata, Carmen Celiz, presentó el sábado “por escrito la denuncia por la presunta desaparición forzada de López ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias”.

Las amenazas continúan

Las amenazas contra funcionarios judiciales que investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura aumentaron durante la última semana en todo el país. Mientras la Policía Federal investiga si muchos de esos anónimos partieron de una misma sucursal de correo de Villa Urquiza, la Procuración General dispuso que se establezca un registro de testigos que garantice su seguridad según los programas que el ministerio tiene para proteger a testigos en peligro, ya que las leyes actuales no permiten mucho más que ponerles custodia.
La Asociación de Magistrados cuentan al menos con 15 amenazas distintas. Entre los intimidados figuran el camarista platense Carlos Rozanski, miembro del tribunal que condenó al represor Miguel Etchecolatz, también tres magistrados de la Capital: Sergio Torres y Eduardo Taiano, juez y fiscal, respectivamente, de la megacausa ESMA y Guillermo Montenegro, a cargo de la investigación sobre el Plan Cóndor. Más intimaciones recibieron empleados de la Justicia en Formosa, Mar del Plata y Catamarca y Salta. Otros amenazados fueron los jueces de Mendoza, Walter Bento, y el de Alcindo Alvarez Canale, a quienes organismos de derechos humanos denunciaron por la manera en que llevaban las causas sobre la represión ilegal.
También denunciaron amenazas el periodista Joaquín Morales Solá, del diario La Nación, y el empresario periodístico Jorge Fontevechia, dueño de Perfil.

Incluso Estela de Carlotto fue amenazada de muerte en Mendoza donde viajó para inaugurar una filial de la Red por la Identidad y participar de una marcha hasta la Plaza de la Memoria, donde se descubrió una placa donada por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner. 

Ya no se trata solamente de no olvidar. Ya no alcanza con justicia por lo que pasó. No permitamos que reviva el miedo. Mañana, viernes 6 de octubre a las 18 horas diez organizaciones de derecho humanos convocaron a una movilización a Plaza de Mayo.