La ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, aprobada por la Legislatura de Buenos Aires el 22 de Junio de 2000, obliga a todos los hospitales públicos de la ciudad a "..suministrar a todos los pacientes hombres y mujeres la información necesaria, los servicios y métodos para el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos.".. Los hospitales están obligados a dar información y asesorar acerca de la gama de métodos anticonceptivos que no sean el aborto, y a suministrarlos en forma gratuita a las/os pacientes que no los pueden pagar. El Acta estipula que las/los menores de edad no requieren el consentimiento de sus padres para obtener dicha información y / o dispositivos anticonceptivos.. y que deberán realizarse esfuerzos especiales para que la información sobre derechos sexuales y reproductivos llegue a las y los adolescentes dentro y fuera de las escuelas. También se requiere que se informe a las y los pacientes que los preservativos son "..el único método anticonceptivo que también previene la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual".. y se recomiende su uso junto con otros métodos anticonceptivos. En el Congreso de la Nación se encuentra en estudio una propuesta similar que en el futuro puede llegar a convertirse ley nacional.
El debate sobre una propuesta (finalmente aprobada) que permite a las mujeres esterilizarse en hospitales públicos, siendo sólo necesaria la decisión de la mujer y la aprobación de un médico. (Anteriormente las mujeres casadas necesitaban la aprobación de su marido y su decisión estaba sujeta al antojo de la cadena jerárquica de las autoridades hospitalarias, donde cualquiera podía denegar el procedimiento según su voluntad.)
La ley aprobada por la legislatura de Buenos Aires representa un avance por parte de las autoridades locales en pro del cumplimiento del mandato de la plataforma de Acción de Beijing, que establece que los derechos humanos de las mujeres deben "..incluir su derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre temas relativos a su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, libres de coacción, discriminación y violencia.".. El gobierno argentino tiene la responsabilidad, como participante en el proceso de Beijing, de repudiar deologías represivas. Lo mismo es válido respecto de sus responsabilidades en cuanto a la libertad civil y política. El gobierno argentino tiene la obligación de proteger el derecho de todas las personas a la libre opinión y expresión, y a la asociación y reunión pacíficas.. tiene el deber de proteger a todas las personas contra la violencia. Esto sólo lo puede realizar asegurando una investigación justa y exhaustiva de este delito, y de todos los delitos de violencia dirigidos a personas a causa de sus opiniones o creencias, identidad de género o género, orientación sexual, raza, grupo étnico, nacionalidad, u otra condición.